Crear empleo y conseguir un crecimiento sostenible es el reto que tenemos como país para forjar unos pilares sólidos que sustenten la recuperación económica. Y para ello es imprescindible el papel que juegan las grandes empresas, que con su actividad impulsan a otras más pequeñas, generando un círculo virtuoso de mejora económica.
La economía española ha iniciado 2018 mejor de lo que terminó el pasado año. Así lo confirman los datos de empleo y del PIB, que reflejan un entorno macroeconómico favorable, no exento de riesgos, pero que podría llevar a registrar en 2018 un crecimiento del 3,2%. En estas previsiones es fundamental la aportación de las grandes compañías con sede en España y que muestran con hechos su compromiso con las sociedades en las que desarrollan su actividad.
Con el objetivo de ponerlo en valor, calculan su aportación a la economía y el impacto que producen en sus grupos de interés, lo que se denomina el valor económico distribuido o dividendo social. Este concepto engloba su contribución en forma de impuestos y tributos a Hacienda y a las Administraciones Públicas, el salario que pagan a los empleados, los dividendos a los accionistas, las compras a proveedores locales e inversiones, además de los recursos para colaborar con las comunidades locales. Como ejemplo, 40 grupos españoles o filiales tuvieron un impacto económico directo cercano a los 418.200 millones de euros el año pasado.
Una de las empresas más reconocidas por su transparencia es Iberdrola, que generó un impacto fiscal en España de 3.257 millones de euros en 2017, periodo en el que sus inversiones ascendieron a 800 millones de euros y los empleados a 10.296. Además, según datos del Estudio de Impacto de Iberdrola, realizado por PwC en el ejercicio, la actividad de la compañía generó un total de 85.185 empleos indirectos. De la contribución fiscal total de la empresa en España, 1.761 millones corresponden a tributos recaudados de terceros y 1.496 millones son con cargo a la cuenta de resultados. De estos últimos, cabe resaltar que 783 millones proceden de tributos medioambientales, 248 millones de tributos locales y 310 millones del Impuesto de Sociedades.
Iberdrola busca desarrollar una actividad económica sostenible, la generación de empleo estable, la realización de inversiones que respeten el medio ambiente y la contribución a las finanzas públicas. Su fiscalidad está centrada en un alto compromiso con los principios éticos, el buen gobierno corporativo y la transparencia, por lo que ha sido reconocida como la primera empresa en transparencia fiscal del IBEX-35 por la Fundación Compromiso y Transparencia en los años 2017 y 2018.
Siguiendo estos principios, cabe destacar que el grupo no tiene sociedades participadas controladas y activas ni residentes en paraísos fiscales. Estas cifras demuestran la importancia para un país de contar con grandes compañías multinacionales que se impliquen con hechos y no solo facturación o marketing, apoyen de forma real su economía y paguen sus impuestos donde los generan.
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