De la tarifa eléctrica regulada a la tarifa social: cómo proteger al consumidor vulnerable

El bono social es una ayuda en forma de descuento sobre la tarifa eléctrica que sirve para que las personas con pocos recursos económicos puedan pagar sus recibos de la luz.

De hecho, para beneficiarse del mismo es imprescindible reunir una serie de requisitos en cuanto al nivel de renta y a la situación familiar; y su solicitud debe gestionarse directamente a través de la empresa comercializadora regulada con la que el cliente tiene el contrato de suministro.

Un sistema revisable

No obstante, el reciente estudio «El bono social como mecanismo de protección al consumidor vulnerable», pone de manifiesto que este sistema necesita una revisión. El texto, elaborado por la consultora PWC sostiene que España necesita alinear los mecanismos de protección al consumidor vulnerable.

Entre otras cosas porque el nuestro es de los pocos países de la Unión Europea en los que todavía existe una tarifa regulada de último recurso (PVPC), que está además indexada al mercado mayorista, por lo que  traslada directamente al consumidor final las variaciones de precio que se establecen para cada hora.

Un bono social que no dependa del coste de la energía

Así, el estudio defiende que «hay que eliminar esta tarifa regulada de último recurso para definir una tarifa social clara, con un precio fijo reducido y financiada a través de sistemas no discriminatorios».

Debería ser una ayuda social a la que se puedan acoger los consumidores vulnerables sin sufrir cambios bruscos y continuos en el precio de la electricidad. Algo que además concentraría las actuaciones en aquellos consumidores que realmente necesitan ayuda.

Criterios para el futuro bono social

Así, siempre según informa de la consultora PwC publicado por Fundación Naturgy, estos criterios de acceso deberían ser estrictamente socioeconómicos, ateniéndose a indicadores como la renta disponible. En definitiva, deberían desligarse de aspectos como el consumo o el coste de la energía.

Asimismo, el estudio señala que la financiación del bono social podría articularse a través de distintas alternativas. Por ejemplo asociándolo directamente a los Presupuestos Generales del Estado; financiándose a través de otros ingresos regulados del sector eléctrico; o distribuyéndolas de manera no discriminatoria entre el total de los agentes del sistema eléctrico.

Antecedentes de la tarifa regulada

Si buscamos explicación a lo que pasa ahora, debemos mirar al pasado. Y es que en su día se vinculó la tarifa regulada al mercado mayorista  para ofrecer al consumidor final una señal real de precio. Se pretendía con ello modelar su consumo y, de este modo, hacerlo más eficiente. Es decir, que el consumidor pudiera adaptar su gasto en función de los precios que tiene la electricidad en cada hora del día. Sin embargo, la realidad es bien distinta, cosa que se ha podido comprobar con la escalada de precios de los últimos meses.

Esa indexación del PVPC (el que contrata el consumidor) al precio del pool (que afecta al mercado mayorista) implica que los altos y bajos que experimenta éste último se trasladen a los consumidores acogidos a esta tarifa, que son la gran mayoría de los españoles.

El futuro de la regulación pública

Desde la Unión Europea se incide en que la regulación pública de las tarifas debe ser eliminada progresivamente por parte de los distintos Estados miembros. Aún así, hay 15 países de la Unión Europea (incluyendo a Francia, Italia, Portugal o España) en los que siguen existiendo este tipo de tarifas reguladas, que son accesibles para el consumidor doméstico minorista.

De todos ellos, algunos como Reino Unido o Italia han establecido ya hojas de ruta para retirar esos mecanismos de regulación. Italia incluso eliminará la intervención pública a partir de enero de 2023.