La distancia de seguridad entre Felipe VI y su padre ha aumentado considerablemente desde el domingo. La causa va mucho más allá de cualquier juego de palabras al hilo de la crisis sanitaria que nos azota. Todo se ha precipitado tras la información publicada por The Telegraph: Felipe VI aparece como segundo beneficiario de una Fundación ‘offshore’ en la que el rey emérito Juan Carlos I ingresó una supuesta comisión proveniente de Arabia Saudí.
«El Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos», decía Felipe VI ante las Cortes en su discurso de proclamación en junio de 2014. Unas palabras que han sido la base de la histórica decisión adoptada por el Rey. Para empezar, Felipe VI renuncia «a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona». La siguiente medida adoptada por Felipe VI es aún más contundente. Dejar sin asignación pública (unos 185.000 euros al año) a su padre.
En la nota emitida por Zarzuela se afirma que «Felipe VI desconocía por completo la supuesta designación como beneficiario de la Fundación Zagatka», presuntamente controlada por Juan Carlos I. Y también se puntualiza al respecto de la Fundación Lucum, que hace un año el despacho de abogados Kobre&Kim (que supuestamente asesora a Corinna Larsen, con quien Juan Carlos I mantuvo una relación sentimental hasta 2012) informó a Felipe VI de que era beneficiario de la citada Fundación.
En ese momento, Felipe VI informó de dicha eventualidad a su propio padre y a las autoridades competentes. Para después comunicar al citado despacho de abogados que «ni Su Majestad ni Su Casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba, -por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos-, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho de Abogados sobre los hechos descritos». Dicha comunicación se llevó a cabo mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019.
Semanas después, en abril de 2019, Felipe VI manifestaba ante notario para asegurar que «ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum».
Juan Carlos I ha reconocido que al respecto de esas dos Fundaciones «en ningún momento facilitó información a S.M. el Rey». Y que ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco Mans.
*Foto principal: Gtres.
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