Los grandes inversores miran con lupa dónde destinan su dinero. Y ya no vale cualquier empresa. Ahora se les exige ser responsables, cuidar el medio ambiente y respetar los derechos humanos. Los activos bajo gestión en Inversión Socialmente Responsable (ISR) alcanzaron los 169.359 millones de euros en 2015, un 16,33 % más respecto a 2013, según se extrae del último estudio de Spainsif “La ISR en España”. Los activos gestionados bajo una estrategia de exclusión (que deja fuera actividades relacionadas con armamento, pornografía, tabaco, energía nuclear o explotación infantil) fueron los que más volumen tuvieron en España en los últimos cinco años, con un 74,6 % del total de inversiones.
El perfil del inversor ha cambiado con los años y en la actualidad empujan a las empresas hacia los movimientos responsables, según el coordinador del grupo de trabajo sobre Finanzas Verdes de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ricardo Pedraz, quien cree que “la rentabilidad media de las empresas responsables puede ser mayor”.
Además, Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos mundial, ha hecho un llamamiento a las empresas para que desarrollen estrategias de largo plazo, consiguiendo beneficios económicos sin perder de vista su fin social. Fink describe en su carta anual el escenario actual, con graves problemas sociales, como la inseguridad para conseguir buenas jubilaciones o la falta de infraestructuras (sanitarias, de educación, seguridad, energía…).
Argumenta que los gobiernos parecen no tener capacidad ni recursos para abordar estos problemas y, por ello, la sociedad demanda al sector empresarial que responda a estos retos sociales. Las empresas, en cambio, tienen los recursos, las capacidades de gestión y el talento para dar solución a estas cuestiones generando beneficio para todos. Por eso, Fink reclama un nuevo modelo de gobierno corporativo en el que los consejeros se comprometan con la visión a largo plazo y no con la consecución de resultados económicos trimestrales. Propone una fórmula sencilla: inversores que aporten capital paciente y miembros del consejo que se comprometan en la obtención de valor a largo plazo.
Uno de los aspectos más demandados a las empresas es la sostenibilidad, con estrategias que persigan luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente. El vehículo de financiación para estas inversiones son los bonos verdes, un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas cuyos fondos se comprometen específicamente para proyectos verdes, es decir, sostenibles y socialmente responsables en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos.
Iberdrola fue la primera compañía española en emitir un bono verde, en abril de 2014. Desde entonces, el grupo ha realizado 10 operaciones de este tipo, convirtiéndose en el mayor emisor corporativo de bonos verdes del mundo tanto en 2016 como en 2017. Actualmente cuenta con cerca de 7.400 millones de euros en financiación verde, incluyendo un bono emitido desde su filial estadounidense AVANGRID en 2017 por importe de 600 millones de dólares y el primer préstamo verde corporativo de México, por importe de 400 millones de dólares.
El presidente de la empresa, Ignacio Galán, ha asegurado en un reciente foro que el compromiso con un futuro sostenible es compatible con la creación de valor para las empresas y que, además de un imperativo moral, es también una oportunidad de crecimiento y generación de riqueza, empleo y prosperidad. Iberdrola es un buen ejemplo de ello: decidió en el año 2001 hacer una apuesta pionera por las energías limpias, las redes inteligentes y el almacenamiento, áreas en las que ha invertido desde entonces 95.000 millones de euros. Tras poner en marcha de dicha estrategia, la compañía ha pasado de ocupar el puesto número 20 en el ranking mundial de eléctricas por capitalización bursátil a ser hoy la cuarta y la primera europea totalmente privada. Asimismo, ha multiplicado por seis su base de activos y ha triplicado su beneficio neto, lo que ha permitido incrementar progresivamente sus dividendos, en línea con sus resultados.
Para Ignacio Galán, el sector financiero debe jugar un importante papel en la transición hacia una economía baja en carbono, tanto por su rol para la movilización del capital hacia las inversiones sostenibles como por las mayores exigencias de información sobre las acciones que las empresas realizan ante el cambio climático, requiriendo la inclusión del criterio de sostenibilidad entre las oportunidades de negocio. “Aquellas empresas que gestionen mejor los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, pero también las que den mayor información y de forma más transparente, serán las preferidas de los inversores, llevando a una movilización del capital hacia las inversiones sostenibles”, ha asegurado.
Además, a comienzos de año, Iberdrola cerró la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. La compañía ha definido además recientemente su Marco para la financiación verde para el proceso de emisión, el seguimiento y la verificación externa, con objeto de garantizar a los inversores la transparencia e integridad de los criterios empleados.
Esta estrategia de financiación se enmarca en la incorporación, por parte de Iberdrola, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para el horizonte 2030 a todas sus actuaciones. La compañía centra sus esfuerzos en los puntos 7 y 13 -energía asequible y no contaminante y acción por el clima, respectivamente- si bien contribuye directa o indirectamente al cumplimiento de todos los ODS.
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