(Foto: Gtres)
Malas noticias para Luis Medina. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia, ha acordado este miércoles ampliar la imputación al delito de alzamiento de bienes. Le conmina por ello a depositar una fianza de 891.227,07 euros porque de lo contrario procederá a embargar bienes inmuebles.
En un auto, el juez señala que dado que Medina ha realizado disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, considera que ahora se debe ampliar su imputación al delito de alzamiento de bienes.
En el mismo documento se señala que únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar con un valor de 325.515 euros y una cuenta corriente con saldo positivo de 247 euros. Todo ello para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.
Apunta que si en el plazo de tres días no la entrega, le embargará todos sus bienes, muebles e inmuebles. Todo ello sin perjuicio de que más adelante se amplíe esa cantidad en el caso de que no se logre garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado, Alberto Luceño, dado el carácter solidario de la responsabilidad civil.
Hace 15 días trascendió la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto contra Luis Medina y su socio, Alberto Luceño. Todo ello por el cobro exagerado de comisiones en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. A la espera de prestar declaración ante el juez el próximo 25 de abril, Luis Medina se refugia en la localidad portuguesa de Tavira. Allí está con su madre, Naty Abascal, intentando huir de un escándalo que crece a pasos agigantados y que complica mucho su futuro.
Medina está imputado por presuntos delitos de estafa documental, blanqueo de capitales y estafa agravada en la venta de material sanitario procedente de Asia al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. Acuerdo en el que ejerció de mediador y por el que cobró 1 millón de euros en comisiones.
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