Por si el tema de la educación no fuera de por sí complejo para todos los padres, las últimas novedades que se avecinan en el ámbito del sistema escolar ponen los pelos de punta a los progenitores de aquellos niños con necesidades especiales. Estos niños podrían quedarse en un futuro próximo sin los centros educativos que ahora les acogen y se encuentran más preparados para atenderlos. Los argumentos a favor de eliminar los centros de educación especial (CEE) a cambio de un sólo sistema de educación ordinaria esgrimen que el actual sistema es “segregador y discriminatorio” para los niños con discapacidad. Sin embargo, para muchos se trata de un asunto político con el que no están de acuerdo.
Resumiendo el tema, actualmente existe una propuesta de ley de mandar a todos los niños de ‘Educación especial’ a ‘Educación Ordinaria’ y ‘Educación Ordinaria con apoyos’ en España. Se quedarían, pues, en ‘Educación especial’ solo los niños muy afectados. Y ahí viene la pregunta que nos hacemos todos y el eje del conflicto surgido en las familias: ¿Quién y cómo se determina el corte que separa al niño afectado del niño muy afectado? ¿Cómo va a afectar a su formación? El temor principal de los padres está en privarles del sistema de enseñanza más adecuado para ellos y que permita su integración social y la mayor autonomía posible cuando se conviertan en adultos. Y todo en nombre de la inclusión.
Son muchos los que entran en el debate de la inclusión-exclusión de los niños con algún tipo de problema de desarrollo o discapacidad, tengan o no tengan hijos afectados. Los partidarios de la “inclusión” están a favor de integrarlos en aulas con niños que no padecen ese problema, con el fin de evitar una posible discriminación o segregación. Por el contrario, muchos otros padres prefieren limitarse a atender las necesidades reales de aprendizaje de sus hijos en centros más especializados donde entiendan su problema y sepan darle solución o sacarle el mayor rendimiento educativo, con el fin último de favorecer su integración o “inclusión” social.
Paradójicamente, también estos padres procuran evitar la discriminación que podrían recibir sus hijos estando en un entorno educativo normal. ¿Qué modelo de padres tiene razón? ¿No será más sensato pensar que sea cada padre el que decida el tipo de educación más adecuado para sus hijos? De prosperar esta nueva propuesta educativa, el destino de estos niños estaría en manos de un arbitraje externo y mediado por la política de la administración educativa. Así es como lo viven y describen algunos de estos padres.
El que lleguen a eliminarse los centros de educación especial (CEE) en España no obedece a ni a un sentir común ni a peticiones por parte de padres españoles aquejados por esta problemática. Es consecuencia de un informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De acuerdo a la evaluación realizada por este comité en el año 2007, en España no se respetan los derechos humanos de los discapacitados cuando se les aparta de un sistema educativo inclusivo en el que deberían compartir aula con niños libres de cualquier tipo de discapacidad. Lejos de eso, a juicio de este informe, se considera discriminatorio el que existan dos tipos de sistemas educativos, uno de ellos para niños normales, y otro para niños con algún tipo de discapacidad.
Lo cierto es que, cuando los niños tienen algún problema de cierta gravedad, al final casi todos los padres defienden lo mismo: “una educación especializada y el derecho a elegir en todo momento la educación que quieren para sus hijos”. Por todo ello, la respuesta social no se ha hecho esperar. Como consecuencia a la posibilidad de que desaparezcan los actualmente existentes centros de educación especial (CEE), ideados y especializados en el proceso educativo de niños con necesidades educativas especiales (NEE) han surgido varios movimientos sociales que prometen librar una buena batalla antes de permitir que esto suceda. Estos movimientos, que incluyen la petición de firmas, se oponen categóricamente a que prospere una medida que podría obligarlos a acogerse a una modalidad educativa impuesta y con la que no estén de acuerdo.
Son varias las fórmulas con las que los padres afectados pueden luchar contra una medida que prescindiría de los centros de educación especial:
¿Por qué restar oportunidades en nombre de la inclusión?
Inclusión no significa mezclarlo todo, sino dar igualdad de oportunidades. Ofrecer centros alternativos para favorecer el desarrollo de ciertos niños con discapacidades, al igual que ofrecer centros de alto rendimiento para niños “súperdotados”, no parece en absoluto discriminatorio. No permitir el acceso a centros convencionales a niños discapacitados sí parece, por contra, discriminatorio. Quizá sea ese el reto que han de plantearse los políticos: en lugar de “cortar por lo sano” con los centros de educación especial, dar opciones.
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