El fraude eléctrico, un riesgo para la seguridad y un coste para el sistema

El fraude eléctrico supone un peligro para la seguridad de las personas y un coste elevado para el sistema eléctrico. Unas cifras que asumen, por regla general, el resto de los clientes a través de su factura. Con el objetivo de prevenir este tipo de actividades ilícitas, las compañías distribuidoras de electricidad han intensificado sus procesos de control en los últimos tiempos. Es el caso de UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, que ha incrementado la lucha contra las conexiones ilegales.

Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes. Suponen además un riesgo para la vida de la persona que las realiza, así como para las que conviven con ella y sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera (Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León).

UFD interceptó el año pasado el doble de fraude eléctrico 

Traducido a cifras, el coste de conectarse de forma ilegal al sistema eléctrico o manipular los contadores supone un fraude superior a los 2.000 millones de euros al año. En los dos últimos años, UFD ha realizado en las mencionadas regiones 32.500 actuaciones que se han saldado con la apertura de 9.335 expedientes por fraude.

Gracias a ello se han recuperado 160 GWh de energía defraudada, una cantidad equivalente al consumo anual de cerca de 50.000 hogares. El año pasado UFD interceptó fraudes por un volumen de 105 GWh, el doble que el año anterior. Cifra que ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento.

Un delito penal que puede ser denunciado de forma anónima

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida.

Las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas. UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo para recibir información ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador.

Un problema con consecuencias muy diversas

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28 % entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en periodo citado. «El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas», asegura Mónica Puente, directora de UFD.

«Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de los consumidores en sus facturas», afirma Mónica Puente. «Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes», reitera.